Denunciar a Aguirre sale caro
© EFE La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre. /EFE El agente de movilidad que se personó contra ella tras el incidente de Gran Vía se ha gastado 5.000 euros en el proceso judicial. El Ayuntamiento de Madrid no quiso pagarle el abogado.
La tarde del 3 de abril de 2012 podría haber sido una jornada laboral más para Rafael Alarcón si el utilitario de Esperanza Aguirre no se hubiera cruzado en su camino. O, mejor dicho, si el utilitario de Esperanza Aguirre no hubiera estado anclado al asfalto en medio del carril bus de Gran Vía a las 16.30 horas. Casi un año después del incidente, el agente de movilidad que multó a la presidenta del PP de Madrid por estacionar de forma incorrecta para sacar dinero de un cajero sigue «dolido», en lo personal y en lo económico: hasta la fecha se ha gastado alrededor de 5.000 euros en el proceso judicial que se abrió contra la ahora candidata a la Alcaldía de Madrid por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Aunque es un empleado público y pese a que los hechos que denunció ocurrieron en el ejercicio de sus funciones, el Ayuntamiento de la capital no ha querido prestarle asistencia letrada. Primero, se la negó por silencio administrativo, lo que traducido al lenguaje apto para todos los públicos significa que ni siquiera le contestó. Y, después, alegando que «la calumnia y la injuria» son asuntos «privados».
¿Por qué? La concejala socialista Ruth Porta planteó ayer esta pregunta en sede municipal:«¿Es lo normal que cuando un ciudadano A vulnera las normas de tráfico, huye de la Policía, agrede presuntamente a un agente y se dedica a insultar a todo el Cuerpo que le ha multado el Ayuntamiento se desentienda del caso y deje que sea el propio agente quien, con cargo a su propio bolsillo, se defienda ante los tribunales?».
Oficialmente, la edil de la oposición no recibió respuesta a sus interrogantes. Sí pudo leerla a través de un teletipo de Europa Press, a quien el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, declaró que la actuación del Gobierno local en este caso ha sido «irreprochable». Además, lamentó que «se pretenda hacer política» con una cuestión ampliamente debatida, ya «juzgada» y «desestimada».
Procedimiento judicial
El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, acordó el pasado 20 de enero el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa de Aguirre por un presunto delito de desobediencia a la autoridad por el sonado aparcamiento en Gran Vía. La Fiscalía de Madrid recurrió la decisión y ahora es la Audiencia Provincial la que tendrá la última palabra.
Entre tanto, Rafael Alarcón se había personado en el proceso como acusación personal restando de su nómina la minuta del abogado. La Subdirección General de Regulación de la Circulación del Ayuntamiento no respondió a su requerimiento inicial, del 9 de abril, en el que, a instancias de sus superiores, pidió que se le prestara «asistencia jurídica» por lo acontecido durante el incidente, incluida «la vulneración» de su intimidad en el ejercicio de sus funciones.
Posteriormente, el 23 de julio, envió un segundo escrito. En él apelaba a que se actuara «de oficio» para adoptar «las acciones judiciales penales pertinentes» por las «injurias y calumnias» que habían sido «vertidas en un diferentes medios de comunicación» por la ex presidenta de la Comunidad contra él. Y desplegaba un catálogo de ejemplos de «manifestaciones literales», como «machista», «prepotente», «mentiroso», «vicioso de las multas», «caradura» y «montajista».
Ahí la respuesta fue que, según el Código Civil, los insultos son de ámbito privado. Si el asunto hubiera entrado en los supuestos en los que el Ayuntamiento de Madrid puede defender a un trabajador público «en procedimientos judiciales que sigan por razón de actos u omisiones relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones», tampoco ya habría tenido derecho a abogado. «Dicha asistencia no es compatible con que usted designe un profesional de su elección para su representación o que éste se le asigne de oficio», concluía la misiva.
El destinatario asegura que se siente «dolido» por la respuesta y que si no se ha querellado personalmente contra Aguirre por las «injurias y calumnias» es «por un tema económico». «La Justicia sale cara», concluye el agente de movilidad.
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