| El Vaticano pide a los funcionarios que se nieguen a casar homosexuales aunque pierdan su trabajo
El Gobierno y los jueces recuerdan que la objeción de conciencia no exime del cumplimiento de la ley
El Vaticano arremetió ayer de nuevo contra la ley que autoriza los matrimonios homosexuales en España, afirmando que nadie tiene derecho a alterar la esencia e identidad del matrimonio, a la vez que pide objeción de conciencia a los encargados de aplicarla, aún a riesgo de perder sus trabajos. En respuesta a las manifestaciones realizadas por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo al "Corriere della Sera", el Gobierno, IU, los jueces y las organizaciones homosexuales advirtieron de que los funcionarios deben cumplir la ley, al margen de la objeción de conciencia.
En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró ayer que el Ejecutivo cree que la Iglesia debe manifestarse "con absoluta libertad" en "su territorio, que no es el del Gobierno" y afirmó que los funcionarios están obligados a cumplir las leyes, al margen de la objeción de conciencia.
Fernández de la Vega quiso dejar claro que "la objeción de conciencia no es que los funcionarios del Estado no cumplan las leyes que el Parlamento aprueba en una sociedad democrática", ya que, recordó, las leyes obligan con carácter a todo el mundo "pero fundamentalmente a quien tiene ejercicio de función pública".
La vicepresidenta subrayó que el Ejecutivo legisla para los ciudadanos e hizo hincapié en que ninguna de sus decisiones, entre las que se encuentra la ley que abre el matrimonio civil a los homosexuales o la ley del divorcio, "restringe ningún derecho a nadie ni perjudica a ninguna familia".
Los jueces deben cumplir la ley
El vicepresidente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas, y los portavoces de las asociaciones judiciales coincidieron en señalar a Efe que los jueces están obligados a cumplir la ley y no pueden negarse a celebrar matrimonios homosexuales por motivos de conciencia.
Salinas explicó que si la conciencia impide a los magistrados celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo deben "pedir la excedencia y marcharse de la carrera judicial".
Izquierda Unida criticó lo que denominó "llamada a la desobediencia civil" del Vaticano, y dijo que esta postura "sitúa a la jerarquía eclesiástica al borde mismo del respeto a la ley".
La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), Beatriz Gimeno, aseguró que los funcionarios no pueden oponerse a la celebración de matrimonios entre homosexuales "porque son funcionarios y tienen que cumplir la ley".
La Fundación Triángulo pidió, en un comunicado, que el Gobierno español realice una "protesta diplomática" ante el Estado Vaticano por las declaraciones de López Trujillo. "Creemos que el Gobierno español debería presentar una protesta diplomática por el hecho de que un dignatario de un país extranjero (el Vaticano) se atreva a animar a los funcionarios españoles a que se nieguen a cumplir la Ley sobre matrimonio. Es algo indignante, es llamar a cometer un delito", agrega la nota.
Rajoy defiende el derecho de opinión del Vaticano
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, defendió ayer el derecho del Vaticano a opinar "sobre lo que estime oportuno y conveniente", como es el caso de la regulación en España del matrimonio entre homosexuales, y aseguró que "no seré yo el que le niegue la posibilidad de hacerlo".
En rueda de prensa ofrecida en la sede central de su partido, Rajoy fue requerido a opinar sobre la invitación del Vaticano a los funcionarios municipales para que no participen en la futura celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Tras dejar claro que los cardenales del Vaticano "tienen derecho a decir lo que estimen oportuno y conveniente", el líder del PP reiteró las críticas de su partido al proyecto que se tramita en el Parlamento, una ley que a su juicio "tiene bastante poco sentido". Mariano Rajoy hizo notar que ningún país de la UE ha acometido una reforma semejante, que sólo hay tres países en el mundo donde se permita casarse a los homosexuales e insistió en que el Ejecutivo socialista "se ha equivocado".
Tras la aprobación por el Congreso de la legalización de los matrimonios homosexuales, que ahora pasa al Senado, ayer se produjeron nuevas opiniones.
El obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, publicó una carta pastoral en la que considera que con la equiparación al matrimonio de la unión de los homosexuales "vamos hacia la demolición de la familia".
Añadió que no ve inconstitucionalidad "por ninguna parte" en la prohibición del matrimonio entre homosexuales, "como no lo sería prohibir ejercer la medicina o la docencia a quien no está capacitado para ello".
El alcalde de Vitoria se desmarca del PP
El alcalde de Vitoria, del PP, Alfonso Alonso, afirmó hoy que casará a parejas homosexuales "exactamente igual que a cualquier otro ciudadano, y cumpliendo lo que dicen las leyes", y recordó que a él "no le disgusta" la ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La secretaria de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Saénz, dijo, respecto a la decisión de la diputada popular Celia Villalobos de votar ayer en favor de los matrimonios homosexuales, que el partido respeta su postura.
|
